Al frente de una comisión de alcaldes designados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el alcalde Alexander Baquero logró que el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, intervenga próximamente ante el Gobierno nacional para que se modifique la medida que obliga a los entes territoriales a asumir el mantenimiento de personas detenidas transitoriamente.
Baquero denunció el hecho ante Asocapitales, donde se creó una mesa de diálogo y se conformó el grupo de voceros. Luego él, junto con los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Juan Carlos Muñoz (Popayán), Jaime Andrés Beltrán (Bucaramanga) y Alejandro Eder (Cali), acudieron a la Corte Constitucional en busca de asesoría para solucionar la situación.
“Los entes territoriales afrontan dificultades en materia de presupuesto para asumir estas obligaciones y, en el caso local, no hay recursos para alimentar diariamente al menos 500 personas que se hallan transitoriamente detenidas en la URI, CP3 y estación de Policía. Esto demandaría gastos cercanos a 13.000 millones de pesos, que se requieren para otros propósitos de la Administración”, dijo el mandatario local.
La situación es crítica para todos, porque la medida entra en vigencia el 1 de julio y la solución debe ser inmediata, teniendo en cuenta que permanentemente se asignan obligaciones a los municipios, pero los aportes de la Nación se reducen de manera constante.
Quedó pendiente, según lo determine el Gobierno nacional, la conformación de una comisión de alcaldes de ciudades capitales que, antes de la fecha establecida, sustente de manera conjunta estos argumentos en favor de los entes territoriales y las comunidades afectadas.
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