Atentos. Procuraduría pide tumbar la condena de 12 años contra Álvaro Uribe por fallas graves en valoración de pruebas
La Procuraduría General de la Nación se lanzó de lleno en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y radicó una apelación de 81 páginas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, buscando desmontar la condena de 12 años de prisión que le impuso la jueza Sandra Liliana Heredia el pasado 28 de julio. El procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo acusó a la togada de haber incurrido en vacíos graves en la valoración de la prueba y de sustentar el fallo en interpretaciones sesgadas y conjeturas, en lugar de certezas jurídicas.
En su recurso, el Ministerio Público sostiene que Heredia ignoró pruebas de descargo clave para la defensa, no analizó testimonios completos y desestimó peritajes que cuestionaban la credibilidad de algunos testigos. Además, insiste en que la tipicidad de la conducta atribuida a Uribe nunca se demostró, que se aplicó indebidamente la figura de “determinación penal” y que se violaron principios esenciales como la presunción de inocencia y el “in dubio pro reo”. Según la apelación, el fallo da por hecho que Uribe “sabía” y “ordenó” el soborno a testigos sin que exista evidencia directa que lo confirme más allá de toda duda razonable.
Mientras la Procuraduría cuestiona la solidez del fallo, la defensa del exmandatario, encabezada por el penalista Jaime Granados Peña, prepara su propio recurso que será radicado antes del 13 de agosto. Ambos escritos llegarán a manos de una sala conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, ponente, Alexandra Ossa Sánchez y Leonor Oviedo Pinto, quienes deberán decidir si ratifican o revocan la sentencia. La decisión tiene fecha límite: el 15 de octubre, día en que, si no hay fallo, el proceso corre riesgo de precluir.
La condena, que Uribe cumple en detención domiciliaria por su edad, se convirtió en uno de los episodios judiciales más polarizantes de la historia reciente.
Para sus detractores, la sentencia es una victoria de la justicia frente al poder político; para sus seguidores, un fallo contaminado por prejuicios ideológicos y una lectura selectiva del expediente. Ahora, con la Procuraduría jugando a fondo, la segunda instancia podría convertirse en un nuevo campo de batalla donde se definirá no solo la suerte judicial de Uribe, sino también parte del ajedrez político rumbo a 2026.
