Informe Por Leonel Uriel Alzate Herrera La tarde del 21 de agosto de 2025, Cali volvió a ser escenario del terror cuando un camión bomba explotó frente a la Escuela Aérea Marco Fidel Suárez, dejando un saldo preliminar de 5 muertos y 36 heridos. Se estima que el número de víctimas podría aumentar una vez se tengan reportes oficiales actualizados.
El ataque, que el Gobierno atribuye a las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, confirma que los grupos armados ilegales actúan con sevicia, y una libertad alarmante. Ni siquiera en un centro militar que, al menos en teoría, debería estar protegido, se pudo evitar que civiles y militares fueran blanco de un terrorismo tan cobarde como letal.
La explosión no solo deja un triste y desolador panorama de víctimas y destrucción, sino que además nos recuerda a los fantasmas más oscuros de la violencia en Colombia. Las primeras versiones apuntan a que se trató de un atentado planeado contra instalaciones estratégicas militares, pero sin importar cuántos civiles resultarían entre las víctimas, y esto solo muestra que los grupos armados se resisten a cualquier intento de paz.
El 2025 es un año marcado por el incremento de acciones violentas en distintas zonas del país. Según el CICR, 524 personas han sido víctimas de artefactos explosivos entre enero y mayo, un aumento del 145 % frente a 2024, y, lo más doloroso, tres de cada cuatro víctimas son civiles, muchos de ellos apenas niños.
Además, 87.000 personas han sufrido desplazamientos individuales y otras 58.000 se han visto obligadas a huir en masa, configurando el peor panorama humanitario de la última década.
Mientras tanto, 133 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados este año, superando todo el registro de 2024, y al menos 9 personas han muerto por ataques con drones explosivos.
Los grupos al margen de la ley ya se valen de cualquier método. A estos criminales ya no les importa usar burros bomba, motobombas o drones para causar terror, como lo demuestran casos recientes en Valdivia, La Plata y Guaviare.
En lo corrido de 2025, ya van 37 masacres, concentradas en Valle, Cauca y Antioquia. En el Catatumbo, la guerra irregular ya ha dejado más de 100 muertos y 52.000 desplazados, solo este año.
De otro lado, el Gobierno parece no tener respuestas eficaces. Se anuncian recompensas, se prometen operativos y se multiplican las declaraciones, pero la violencia sigue escalando. La “paz total” quedó en el papel, mientras los criminales ocupan territorios, controlan economías ilegales, y desafían al Estado en sus propias narices.
Este doloroso atentado de hoy en Cali no es un hecho aislado, sino más bien la prueba de que el país está perdiendo la iniciativa frente al crimen organizado, las Fuerzas Armadas están cada vez más cohibidas para actuar, y el precio de esa pasividad lo siguen pagando soldados, policías y, sobre todo, la población civil indefensa.
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